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Si un trabajador sufre un accidente de trabajo y no esta afiliado a una ARP, ¿Que acciones tomar?

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En primer lugar es menester establecer quién debe asumir las prestaciones originadas por el accidente, en este sentido debe precisarse que el empleador tiene la obligación de asumir las prestaciones originadas por los accidentes de trabajo que sufran sus empleados, cuando estos no se encuentren afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1295 de 1994 y en el artículo 161 de la ley 100 de 1993.

ARTICULO. 161.-Deberes de los empleadores. Como integrantes del sistema general de seguridad social en salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán:

1.  Inscribir en alguna entidad promotora de salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea ésta, verbal o escrita, temporal o permanente. La afiliación colectiva en ningún caso podrá coartar la libertad de elección del trabajador sobre la entidad promotora de salud a la cual prefiera afiliarse, de conformidad con el reglamento.

2.  En consonancia con el artículo 22 de esta ley, contribuir al financiamiento del sistema general de seguridad social en salud, mediante acciones como las siguientes:

a)  Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden, de acuerdo con el artículo 204;

b)  Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a los trabajadores a su servicio, y

c)  Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la entidad promotora de salud, de acuerdo a la reglamentación que expida el gobierno.

3.  Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores. Así mismo, informar a los trabajadores sobre las garantías y las obligaciones que les asisten en el sistema general de seguridad social en salud.

4.  Garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos de trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de seguridad industrial y la observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad social

PARAGRAFO.-Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del libro primero de esta ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la información laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono. La atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente.

De otro lado, en consonancia con lo estipulado en la Sentencia T - 305 de 2005: “las obligaciones de afiliación y de cotización al sistema de riesgos profesionales son asuntos que conciernen al empleador y son de su resorte cumplir con tales obligaciones”.

Así, el incumplimiento del empleador genera sanciones para éste: 1) en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 (modif. art. 115 Decreto 2150 de 1995), que lo obliga a reconocer y pagar las prestaciones consagradas en el decreto y 2) en el artículo 161 de la ley 100 de 1993, que lo obliga a cubrir en su totalidad “…la atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y ATEP (…)”

Atendiendo lo anterior y con el fin de materializar los derechos del trabajador, éste puede instaurar en contra del empleador una Demanda Ordinaria Laboral, según lo consagrado en el capítulo XIV del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, para que se le afilie a una ARP y se le reconozcan las prestaciones originadas por el accidente.

Respecto de la competencia para conocer de esta demanda, de conformidad con el artículo 2º de la ley 712 de 2001, la tendrá la jurisdicción ordinaria laboral, ya que esta resolverá todas las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea su relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, como ya se ha mencionado con antelación.

Ahora bien si eventualmente, del accidente se deriva la muerte del trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley 776 de 2002:

“…si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.”

Anteriormente estaba vigente el Articulo 49 decreto 1295 del 94 pero este articulo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-452 de 2002, dejando vigente la interpretación del artículo 11 de la ley 776 del 2002, el cual menciona que para estos casos, si como consecuencia de algún accidente de trabajo o de una enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, por estos tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario. Estas personas son: el cónyuge o la compañera o compañero permanente, hijos menores de 18 años o los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar, por razón de sus estudios y los que dependían económicamente del causante al momento de su muerte.

En caso de que el empleador hubiere incumplido también su obligación de afiliar al trabajador a una administradora de pensiones, el empleador negligente deberá reconocer el auxilio funerario en los mismos términos en los cuales lo hubiera hecho la administradora de pensiones.

Adicionalmente deben estimarse las consecuencias si el accidente que produce la muerte del trabajador es causa directa de la acción o la omisión del empleador, caso en el cual hay que tener en cuenta la ley 776 del 2002 en su artículo 15 que estipula que se deberá realizar la devolución de saldos e indemnización sustitutiva al momento en que un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes, que deberá reconocerse de conformidad con la presente ley, y se entregará al afiliado o a los beneficiarios así:

-Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional.

-Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

Esto quiere decir que el empleador al causar la muerte del trabajador, deberá responder con la indemnización sustitutiva, además de la pensión de invalidez o la de sobrevivientes, según corresponda, las cuales deberán ser entregadas al afiliado o a los beneficiarios en la forma como se indica anteriormente.

También, en consonancia con lo dispuesto por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, la muerte por acción u omisión del empleador, dará lugar a responsabilidad en el plano de lo laboral, civil, administrativo e incluso penal, en los siguientes términos:

RESPONSABILIDAD LABORAL:

- Prestaciones Económicas: Si el empleador tiene al trabajador afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, la ARP debe garantizar y reconocer la pensión de sobrevivientes. Si el empleador no tiene al trabajador afiliado a una ARP, debe pagar o garantizar el pago de dicha pensión.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Los daños morales por el dolor, la angustia, el sentimiento de pérdida del trabajador.

- El daño emergente, entre los cuales se encuentran los gastos de entierro, traslado, en general los egresos ocasionados por la muerte del trabajador que afectaron el patrimonio familiar.

- El lucro cesante, entendido como el empobrecimiento y la falta de un ingreso futuro al núcleo familiar y teniendo en cuenta el promedio de vida del trabajador.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:

Al demostrarse incumplimiento de las normas, la sanción máxima es hasta 200 SMLMV.

RESPONSABILIDAD PENAL:

Por falta de prevención y por incumplimiento de las normas, el empleador puede ser culpable por homicidio culposo (Art 109 del C.P), la pena es prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 SMLMV; si se comprueba dolo o la intención de hacerle daño al trabajador y causarle la muerte, la pena aumenta de 13 a 25 años de prisión.

Comentarios 

 
+1 #2 luis arley garcia 25-04-2012 12:04
todas estas leyes hay que hacerlas cumplir yo sufri un accidente y no estaba asegurado ahora el empleador tiene que responder por mi hasta que me valore el comite regional de medicos para ver cuanto es mi grado de perdida laboral
:-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-|
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+3 #1 Manuel A Vergara W 09-04-2011 11:29
Bonitas las leyes, todo está escrito, pero nadie cumple y nadie supervisa que se cumplan, los empleadores hacen lo que se le da la gana, y los empleados tienen que aguantarse callados si quieren tener trabajo para su sustento.
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